Ciudad De México, 07 de abril de 2026.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias cuando existan indicios de fondos de origen ilícito, sin necesidad de una orden judicial previa. En sesión celebrada este lunes, el Máximo Tribunal reconoció la validez del artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2022.
Al resolver los Amparos Directos 14/2025 y 6320/2024, así como la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022, los ministros determinaron que el congelamiento de activos financieros no representa una condena anticipada ni una pena, sino una medida cautelar de molestia de naturaleza administrativa y preventiva. La Corte confirmó que esta disposición regula un procedimiento que garantiza el derecho de defensa, pues prevé plazos definidos, asegura el derecho de audiencia, la posibilidad de ofrecer pruebas y la opción de impugnar las resoluciones ante tribunales administrativos.
El proyecto de la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022, bajo la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, fue aprobado por mayoría. Solo los ministros Arístides Guerrero García, Giovanni Figueroa Mejía y Yasmín Esquivel Mossa votaron en contra. Respecto a la duración de las medidas, la ministra Esquivel Mossa señaló: “Es correcto inmovilizar una cuenta cuando sucedan estas operaciones sospechosas que puedan suponer el origen de un ilícito, pero estos bloqueos no pueden ser indeterminados en cuanto a la conducta, tampoco en cuanto al tiempo en que se mantendrá bloqueada una cuenta antes de ser judicializada”.
Con estas resoluciones, el Pleno interrumpió criterios jurisprudenciales anteriores que condicionaban la validez de los bloqueos a una solicitud expresa de autoridad extranjera. La nueva doctrina establece que la UIF puede actuar con base en información de inteligencia financiera nacional o internacional, conforme a estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sin requerir una solicitud extranjera formal y detallada. Los asuntos bajo la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama involucraron casos como el de una persona moral de California y el de Martha Ramírez Aceves.
Según el esquema validado, la institución crediticia debe notificar a la persona interesada las razones del congelamiento. A partir del día hábil siguiente, el afectado cuenta con cinco días hábiles para solicitar a la UIF el ejercicio de la garantía de audiencia. La Unidad tendrá que otorgar dicha audiencia dentro de los 10 días hábiles siguientes y deberá resolver la inclusión o no en la Lista de Personas Bloqueadas dentro de los 15 días hábiles posteriores, argumentando los motivos de la resolución.
La SCJN subrayó que esta acción no sustituye las facultades de las autoridades encargadas de la investigación criminal ni implica determinación de responsabilidad. Un comunicado de la Corte indicó: “La SCJN fortaleció el combate al lavado de dinero al confirmar, en dos casos, que el bloqueo de cuentas bancarias ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera es válido cuando se basa en indicios de operaciones ilícitas y respeta el derecho de audiencia y defensa”.
