Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- Críticas y debates surgieron en el Senado de la República respecto a la iniciativa conocida como ‘Plan B’, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual modifica normas sobre la revocación de mandato y ajusta presupuestos de órganos legislativos y electorales. La discusión se centró en los cambios propuestos al artículo 35 constitucional y en las implicaciones de las nuevas reglas para la participación ciudadana.
La propuesta ejecutiva busca alterar los tiempos para solicitar la revocación de mandato, permitiendo que este proceso se active tras la conclusión del segundo año del periodo constitucional, a diferencia del tercer año establecido anteriormente. De acuerdo con la iniciativa, la consulta podría realizarse en una sola ocasión durante los tres meses posteriores a esa fecha, e incluso plantea la posibilidad de verificarla el mismo día de las elecciones federales para renovar la Cámara de Diputados.
Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, y Óscar Cantón Zetina, titular de la Comisión de Puntos Constitucionales, encabezan el análisis de la minuta en la cámara alta. Mientras se discuten los aspectos técnicos de la reforma, expertos han señalado que el texto constitucional actual exige una participación mínima del 40% de la lista nominal de electores para que el proceso de revocación sea válido, un umbral que genera debate sobre la viabilidad del mecanismo bajo las nuevas condiciones propuestas.
Paralelamente, José Woldenberg, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), ahora INE, ha expresado reservas sobre el potencial efecto regresivo de estas modificaciones para la democracia mexicana. Las críticas se suman a la controversia generada por las medidas de seguridad implementadas por el Instituto Nacional Electoral, las cuales han sido aplicadas en 40 inmuebles y han limitado el acceso para el trabajo periodístico, según reportes de medios.
El ‘Plan B’ surge tras el rechazo de la reforma electoral inicial, denominada ‘Plan A’, en la Cámara de Diputados el 11 de marzo de 2026. A diferencia de aquella propuesta, que pretendía cambiar el sistema de elección de diputados plurinominales y eliminar senadurías de representación proporcional, esta nueva iniciativa se concentra en recortar privilegios financieros de congresos estatales, ayuntamientos y funcionarios electorales, además de reconfigurar las bases de la revocación de mandato.
La discusión en las comisiones del Senado continúa para definir la redacción final y el alcance de los cambios a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, relacionados con el presupuesto y la organización de los poderes locales y federales. La postura oficial de Morena y sus aliados sobre las críticas vertidas por Woldenberg y otros actores políticos se mantiene a la espera de los resultados de la deliberación legislativa.
