Por Redacción
Ciudad de Mexico, 19 de marzo de 2026.- Un derrumbe ocurrido el 9 de marzo en el inmueble San Antonio Abad 124, en la alcaldía Cuauhtémoc, causó la muerte de tres trabajadores y dejó un sobreviviente, Ángel Miranda, quien junto con familiares de las víctimas presentó una demanda civil por daños y perjuicios contra la empresa encargada de la demolición, acusándola de negligencia y de carecer de una póliza de responsabilidad civil vigente. El incidente ha destapado un conflicto de atribuciones entre el Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía Cuauhtémoc, presidida por Alessandra Rojo de la Vega, sobre quién es responsable de verificar la seguridad en estos procesos.
El despacho Vega Mac Gregor Arellano, representante legal de los afectados, señaló en un comunicado que la empresa responsable de la demolición operaba sin los seguros adecuados, lo que constituiría una grave irregularidad. Mientras tanto, la alcaldesa Rojo de la Vega ha argumentado que su administración ha solicitado inspecciones a las autoridades capitalinas, pero enfrenta una falta de respuesta, con 456 solicitudes pendientes de revisión entre octubre de 2025 y marzo de 2026.
Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) en la capital, a través de su dirigente Luisa Gutiérrez, ha salido en defensa de la gestión de la alcaldesa, argumentando que la alcaldía ha cumplido con su deber de solicitar las verificaciones, pero es el Gobierno central quien no ha actuado. Gutiérrez también mencionó la existencia de un ‘Acuerdo de Facilidades’ que, según su versión, limitaría la capacidad de supervisión de la alcaldía, un punto que genera discrepancias con la administración de la jefa de gobierno.
El derrumbe puso en evidencia los riesgos en los procesos de demolición en la ciudad, donde se identificaron al menos otros 17 inmuebles en situación similar de peligro. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) investiga el caso para determinar responsabilidades penales, aunque aún no se han dado a conocer resultados concluyentes.
El contexto político se enmarca en la constante tensión entre el gobierno central, liderado por Morena, y las alcaldías opositoras como Cuauhtémoc. El accidente ha sido utilizado por el PAN para criticar la gestión de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y su sucesor, acusándolos de desatender las solicitudes de las demarcaciones y de priorizar la agilización de trámites sobre la seguridad. Se espera que la demanda civil avance en paralelo a la investigación penal, mientras las familias de las víctimas exigen justicia y una revisión profunda de los protocolos de supervisión en obras de demolición en toda la capital.
