Ciudad de México, 13 de enero de 2026. – Diversas propuestas de reforma electoral presentadas en el Congreso de la Unión y en el Senado buscan transformar de fondo el sistema político mexicano con dos cambios radicales: la eliminación total de las diputaciones y senadurías plurinominales y la reducción drástica o eliminación del financiamiento público a los partidos políticos. Las iniciativas, impulsadas por legisladores del PAN, PRI, MC y algunos independientes, coinciden en que el actual modelo de representación proporcional y el multimillonario presupuesto partidista representan un desperdicio de recursos públicos y una fuente de corrupción, mientras que Morena y sus aliados (PT y PVEM) defienden mantener el sistema mixto y el financiamiento como garantía de equidad electoral. La propuesta más avanzada, presentada por el senador Ricardo Anaya (PAN) y respaldada por Dante Delgado (MC), plantea eliminar las 200 diputaciones plurinominales y las 32 senadurías de lista (que representan el 40 % de la Cámara Baja y el 31 % del Senado), quedando solo los cargos electos por voto directo. Los impulsores argumentan que las plurinominales “distorsionan la voluntad popular” y sirven para “premiar a amigos y operadores políticos” sin rendir cuentas ante el electorado. En cuanto al financiamiento, se propone reducirlo de los actuales más de 6 mil millones de pesos anuales a un monto simbólico o eliminarlo por completo, sustituyéndolo por donaciones privadas limitadas y transparentes con topes estrictos y fiscalización en tiempo real por el INE. Los promotores aseguran que esto acabaría con el “negocio de los partidos” y obligaría a las fuerzas políticas a financiarse con militancia real y aportaciones ciudadanas. Por su parte, la diputada Pola Puga (Morena) defendió el sistema plurinominal como mecanismo de inclusión para mujeres, indígenas y sectores vulnerables que no ganarían en distritos uninominales, y el financiamiento público como herramienta para evitar que los partidos dependan de financiamiento oscuro del crimen organizado o grandes empresarios. La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció a favor de una reforma “profunda pero equilibrada”, abriendo la puerta a ajustes en el financiamiento, pero rechazando la eliminación total de las plurinominales. El INE y el Tribunal Electoral han advertido que eliminar el financiamiento público podría generar desigualdad extrema y beneficiar a partidos con mayor poder económico, mientras que quitar plurinominales reduciría la representación de minorías. Las propuestas ya cuentan con más de 150 firmas en la Cámara de Diputados y se discuten en comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Política, con posibilidad de dictamen en febrero. Analistas estiman que la reforma podría avanzar si se logra un consenso mínimo entre Morena y la oposición, o bien quedar varada en medio de la polarización. La ciudadanía, a través de encuestas rápidas en redes, muestra apoyo mayoritario (cerca del 65 %) a eliminar plurinominales, pero está dividida sobre el financiamiento a partidos. El debate se intensifica en un año electoral intermedio, donde la reforma podría redefinir el mapa político de México para la próxima década.
