Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- Dieciocho congresos estatales han votado a favor de la reforma constitucional que disminuye las llamadas pensiones doradas en el sector público paraestatal, por lo que el Senado formulará la declaratoria en la sesión del próximo martes. Andrea Becerril informó que se tienen ya los votos a favor de 18 congresos estatales, que suman más de la mayoría simple requerida del total de las legislaturas locales del país para una reforma constitucional.
Los congresos que aprobaron la reforma son: Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. La reforma fue aprobada por unanimidad en la mayoría de las legislaturas, y sólo en Baja California y Zacatecas por mayoría.
La reforma establece como tope para el pago de pensiones el 50% de los ingresos de la persona titular del poder ejecutivo federal. El ajuste a las pensiones millonarias actuales, con el que se espera un ahorro al erario de 5 mil millones de pesos anuales, será inmediato. La nueva disposición no opera para las fuerzas armadas.
La reforma establece límites a los esquemas de jubilación financiados con recursos públicos en la administración paraestatal, en sus tres niveles de gobierno, tanto para las pensiones a futuro como las otorgadas con anterioridad. Un día después de publicada la reforma, las pensiones de tres directivos de LFC que sobrepasan el millón de pesos mensuales, seis más que van de 919 mil a 980 mil pesos y, en general, de 600 ex funcionarios de esa empresa eléctrica extinta, superiores a 300 mil pesos, quedarán en cerca de 70 mil pesos mensuales.
También se ajustarán pensiones de medio millón de pesos de ex funcionarios y ex líderes sindicales de CFE, y otras en Pemex, que sobrepasen los 70 mil pesos al mes. Se ajustará la pensión de 120 mil pesos que desde hace 32 años recibe José Angel Gurría de Nacional Financiera. Andrea Becerril señaló que a partir de abril, las pensiones millonarias se reducirán a 50 por ciento de la remuneración de la Presidenta.
Trabajadores y sindicatos advierten que la reforma podría aplicarse retroactivamente, afectando derechos adquiridos. Óscar Hernández señaló: “Parece que se pretende aplicar tal reducción retroactivamente, es decir, a los trabajadores que cumplieron con los requisitos de ley y obtuvieron su jubilación y por ende el pago de sus pensiones también son sujeto de tal reducción, afectando derechos adquiridos”.
En Nayarit, integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM) alertaron al Congreso local sobre los riesgos de una aprobación exprés. El SUTSEM identificó varias inconstitucionalidades graves, entre ellas, la imposición de un ‘doble tope’ o límites distintos a las pensiones, lo que contradice los artículos 1º y 127 de la Constitución Federal.
El Congreso de la Unión y las legislaturas locales tendrán un plazo de 90 días para ‘revisar y, en su caso, adecuar el marco jurídico aplicable’. La iniciativa propone ajustes retroactivos a pensiones ya otorgadas, acción prohibida por el artículo 14 constitucional, según lo identificado por el SUTSEM.
