Ciudad De México, 18 de junio de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos incrementó de forma notable sus esfuerzos para retirar el estatus legal a ciudadanos naturalizados bajo la administración de Donald Trump. La fijación de una meta de presentar al menos 250 casos de desnaturalización para el próximo mes de octubre marca un cambio significativo en la estrategia federal.
Durante los primeros dos meses de este año, las autoridades federales presentaron 29 demandas contra personas nacidas en el extranjero tras acusarlas de obtener el beneficio mediante engaños. Este ritmo supera con creces la tendencia histórica del país, pues entre el año 2008 y mediados de junio de 2026 se formularon únicamente 166 denuncias por este concepto, lo que representaba un promedio inferior a diez casos anuales.
Para sostener esta ofensiva, el gobierno federal optó por reasignar a abogados civiles de distintas secciones, incluyendo especialistas en fraudes financieros, para reforzar la unidad de revocación de ciudadanía, compuesta originalmente por 12 profesionales. Asimismo, los casos comenzaron a distribuirse entre diversas fiscalías federales en todo el territorio estadounidense.
La desnaturalización representa una herramienta vigente en las leyes federales desde hace décadas. La normativa faculta al Estado para retirar la condición de ciudadano si se comprueba que el solicitante incurrió en falsedad de declaraciones o si obtuvo el beneficio sin cumplir los requisitos estrictos. Un memorando oficial emitido por la fiscalía general establece diez categorías prioritarias, enfocadas en sospechosos de cometer crímenes de guerra, delitos graves no declarados, abusos sexuales o apoyo al terrorismo.
Los portavoces gubernamentales puntualizaron que la persecución se dirige a fraudes graves y excluye infracciones menores como multas viales. Sin embargo, expertos en derecho constitucional aclaran que la ejecución masiva de estas medidas enfrenta importantes barreras legales.
Los litigios requieren procesos complejos ante tribunales federales, donde el gobierno debe aportar evidencia clara y contundente según los criterios de protección fijados por la Corte Suprema de Justicia. En caso de una sentencia desfavorable, la persona pierde la protección estadounidense y regresa a su condición migratoria anterior, habitualmente la residencia.
