Topolobampo, 16 de junio de 2026.- Comunidades indígenas mayo-yoreme y colectivos ambientales clausuraron simbólicamente los accesos a la planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, exigiendo la suspensión definitiva del proyecto. La toma de la instalación, perteneciente a la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del grupo suizo-alemán Proman, se llevó a cabo cerca de las 4:30 horas del lunes 15 de junio.
Felipe Montaño Valenzuela, gobernador indígena de Ohuira y vocero del movimiento, anunció que mantenerían el cerco permanente hasta conseguir la cancelación de los permisos federales. “Nosotros tomaremos la instalación el lunes (15 de junio) hasta tener resultados”, declaró Montaño Valenzuela, quien también es cobanaro de Ohuira. Los manifestantes lograron detener los trabajos de construcción del complejo petroquímico, el cual presenta un avance del 88 por ciento.
El conflicto por la planta de amoniaco y metanol inició en 2014. El proyecto, financiado con 860 millones de dólares por el banco público alemán KfW IPEX-Bank, pretende producir 2,200 toneladas métricas diarias de amoniaco. Según los manifestantes, la obra ha provocado el relleno de 28 hectáreas de humedales, la tala de manglares y la migración de parte de la fauna en la bahía de Ohuira, zona que incluye el humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, declarado sitio RAMSAR.
Montaño Valenzuela advirtió sobre las consecuencias del proyecto: “Estamos hablando de la muerte de la bahía y el desplazamiento de los pueblos originarios, porque esto va a generar un etnocidio y un ecocidio”. El colectivo ¡Aquí no! sostiene que el funcionamiento de la fábrica destruirá la pesca ribereña y pondrá en riesgo de intoxicación masiva a habitantes de Ahome y Mazatlán. Un informe de la empresa alertó de posibles fugas de gas capaces de generar nubes tóxicas en 45 kilómetros a la redonda, impactando a más de 40,000 personas.
La planta está diseñada para succionar 2,000 metros cúbicos de agua salada por hora para mantener frío el amoniaco, descargando el agua en la bahía con una temperatura de hasta tres grados más que la original. Se estima que el proyecto afectaría a más de 6,600 indígenas de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Río. Ante la situación, Montaño Valenzuela lanzó un ultimátum a las autoridades: “Clausuran ustedes, o clausuramos nosotros”.
Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, se reunió en privado con representantes ejidales. Durante el encuentro, Bárcena afirmó que “ninguna autorización ambiental previa constituye un cheque en blanco para las empresas transnacionales”. La Semarnat informó que ha iniciado una revisión técnica y científica exhaustiva del caso. Simultáneamente, ambientalistas mexicanos en Alemania realizaron marchas y bloqueos de vialidades para exigir al gobierno de ese país el retiro inmediato de los fondos de financiamiento público destinados al proyecto.
