Washington, 28 de mayo de 2026.- Estados Unidos reintrodujo el miércoles las sanciones contra Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados. La Administración de Donald Trump había retirado las medidas contra la jurista italiana hace tan solo una semana, pero logró revertir la situación tras obtener una suspensión administrativa por parte de un tribunal de apelaciones.
Un juez federal de Washington había suspendido las medidas impuestas en 2025 por el Gobierno republicano, concluyendo en una decisión publicada el pasado día 13 que la Administración probablemente violó el derecho a la libertad de expresión de Albanese. Sin embargo, la decisión fue frenada el pasado viernes por un tribunal de apelaciones, que concedió medidas cautelares tras una moción de urgencia presentada por el Gobierno ante el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia.
Como resultado de esta suspensión, la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) ha sido actualizada para incluir nuevamente el nombre de Albanese entre los sancionados. Esta lista negra global le impide utilizar las principales tarjetas de crédito o realizar transacciones bancarias. La orden del tribunal de apelaciones indicó que la medida era de carácter procesal y “no debe interpretarse de ninguna manera como un fallo sobre el fondo” de la apelación.
La medida es una represalia por las críticas de la jurista italiana a la ofensiva israelí en la franja de Gaza y al trato que somete a los palestinos. La primera vez que el Gobierno Trump impuso sanciones contra Albanese fue en julio de 2025, dentro de un conjunto de sanciones aplicadas también a 11 jueces, fiscales y juristas del Tribunal Penal Internacional (TPI). En aquella ocasión, el Gobierno estadounidense justificó su decisión alegando que era una respuesta a las iniciativas de Albanese para que el TPI juzgara a funcionarios, empresas y ejecutivos estadounidenses e israelíes.
El caso fue presentado por el esposo de Albanese, Massimiliano Cali, quien actúa también en nombre de la hija de ambos, que es menor de edad. Cali y su hija, que tienen ciudadanía estadounidense, podrán ahora apelar la moción de urgencia.
