Ciudad De México, 09 de abril de 2026.- El Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) activó para México el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de las Personas Contra Desapariciones Forzadas, con el objetivo de que la Asamblea General adopte medidas para prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito. La decisión se basa en lo que el organismo describe como una “imperante impunidad” y patrones sistemáticos de desaparición forzada en el país.
Juan Pablo Albán, presidente del Comité, explicó que para tomar esta determinación se consideraron las más de 132 mil 400 personas desaparecidas registradas al 19 de febrero de 2026, cifras que representan “indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional, sin que se vislumbre una tendencia inversa”. Además, el CED destacó que a inicios de 2026 las estimaciones oficiales apuntan a alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar, un aumento significativo comparado con los 52 mil reportados durante la visita del Comité en 2021.
En su análisis, el Comité mencionó una “impunidad estructural” que provoca la reproducción de las desapariciones. Según datos estatales citados por el organismo en abril de 2022, sólo entre el 2 y el 6 por ciento de los casos habían sido judicializados, contabilizando únicamente 36 sentencias a nivel nacional en ese momento. Para 2023, el Comité insistió en la deficiencia en la judicialización, la persecución penal y el uso limitado de investigaciones de campo y medios de prueba científicos.
El informe detalla que en 2021 se recibieron testimonios sobre desapariciones atribuidas a fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal, así como a empresas de seguridad privada y grupos delictivos actuando ante la inacción de las autoridades. El CED recordó que los Estados son responsables de las desapariciones realizadas por servidores públicos o por grupos criminales bajo la aquiescencia de la autoridad. Como parte de su visita en 2021, el Comité emitió 84 recomendaciones al gobierno mexicano.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) documentó “prácticas sistemáticas” de desapariciones forzadas en Coahuila entre 2006 y 2016, identificando colusión entre autoridades de tres niveles. Se señalaron detenciones ilegales para entregar víctimas a grupos criminales y el uso, “en ocasiones”, de recursos públicos como vehículos e instalaciones oficiales. Entre 2009 y 2012, fuerzas policiales de Coahuila habrían secuestrado víctimas para entregarlas al cártel de los Zetas, mientras que de 2012 a 2016, autoridades estatales habrían ejecutado desapariciones directamente a través de fuerzas especiales como GATE, GATEM, Fuerza Élite y GROM. Otros estados donde se señaló prevalencia de estos casos incluyen Nayarit, Veracruz, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Tabasco, Morelos, Baja California y Estado de México.
Frente a estas afirmaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno declararon que el informe no tomó en cuenta las observaciones y actualizaciones presentadas desde 2019. Por su parte, el canciller Roberto Velasco afirmó que el Comité hacía referencia al estatuto de Roma, redefiniendo el concepto de desaparición forzada. El gobierno mexicano planteó como Estado Parte que las desapariciones ocurrieron en periodos anteriores asociados a violencia criminal y aseguró que actualmente existen marcos legales, comisiones de búsqueda y programas de subsidio para mejorar la situación.
Con la activación del Artículo 34, el Comité busca apoyar a México en la prevención y erradicación de estas prácticas. El informe del organismo coincide en tiempo con el reporte oficial que sitúa la cifra de desaparecidos en más de 130 mil personas, tras una revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas dada a conocer por el gobierno federal el 3 de abril de 2026 con una nueva clasificación de casos.
