Ciudad De México, 09 de abril de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias sin orden judicial previa en casos de sospecha de lavado de dinero. Ante el fallo, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la decisión durante la conferencia matutina del miércoles 8 de abril, asegurando que el objetivo es garantizar el sistema financiero nacional y evitar el lavado de dinero.
Sheinbaum explicó que si la UIF inmoviliza una cuenta, el afectado puede presentar un amparo, cuyo proceso tarda máximo seis meses. “Si la UIF encuentra que hay lavado de dinero o presunto lavado, puede inmovilizar una cuenta. Si el privado dice: ‘Oye, esto fue de manera injusta’, puede presentar un amparo. No hay suspensión inmediata, nosotros modificamos todas las leyes que tienen que ver con el amparo (…) ahora el proceso tarda máximo 6 meses”, señaló la mandataria.
La presidenta reveló que desde el inicio de su administración en octubre de 2024, la UIF ha inmovilizado 5 mil millones de pesos en cuentas relacionadas con presuntas operaciones ilícitas. Sheinbaum afirmó que “la UIF nunca en la historia le ha cerrado la cuenta a un empresario que no esté implicado en lavado de dinero, nunca en la historia”, y sostuvo que ningún empresario tiene por qué temer acciones fuera de la ley o con fines políticos.
De acuerdo con lo publicado, la facultad de la UIF se aplicará exclusivamente contra el crimen organizado. Con el fallo, las instituciones financieras deberán notificar al usuario las razones del congelamiento y su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas. La persona afectada contará con 5 días hábiles para solicitar audiencia ante la UIF, la cual deberá otorgarla en un plazo de 10 días hábiles y emitir una resolución en un máximo de 15 días hábiles.
Sheinbaum comparó la medida con prácticas internacionales: “Mientras tanto inmovilizamos recursos que son utilizados por la delincuencia organizada o por factureros, que es delincuencia de cuello blanco. Eso es lo que resolvió la Corte (…) ¿Es el único país en el mundo? No, en Estados Unidos también se hace”. La polémica surge en medio de presiones de Estados Unidos, cuyo Departamento del Tesoro sancionó recientemente a tres instituciones mexicanas por estar presuntamente involucradas en el tráfico de opioides.
Por otro lado, la organización política Somos México señaló a la SCJN y a la UIF de violentar la Constitución. La organización afirmó que el bloqueo procederá solo con indicios de una operación financiera irregular, “dejando en total indefensión a la ciudadanía”. Somos México indicó que la SCJN, cuyos integrantes fueron electos mediante una reforma judicial cuestionada por el grupo, “entregó al Poder Ejecutivo la decisión de bloquear cuentas bancarias”, dado que la UIF depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Asimismo, Somos México aseveró que con el desechamiento de dos amparos y la reforma a la Ley de Amparo de 2025, la parte afectada no podrá ampararse para solicitar la suspensión de la medida durante el juicio. La organización vinculó esta arbitrariedad con decisiones recientes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) contra Organizaciones de la Sociedad Civil.
