Los Ángeles, 31 de marzo de 2026.- El Gobierno de México anunció que agotará todas las vías legales y diplomáticas para exhibir la crisis de derechos humanos en los centros de detención migratoria gestionados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, luego de confirmarse la muerte más reciente de un connacional.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que desde el segundo mandato de Donald Trump se tienen registradas 14 muertes de connacionales en centros de detención migratoria. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su administración participará en el proceso judicial mediante la figura de amicus curiae en la demanda L.T. Mesrobian, presentada por la organización legal Public Counsel en Los Ángeles.
Vanessa Calva Ruiz, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Cancillería, calificó la situación como “inaceptable” para la protección de los mexicanos en el exterior. El último caso de un connacional fallecido en circunstancias poco claras demuestra una tendencia alarmante, según el gobierno mexicano.
El Centro de Detención de Adelanto, California, gestiona por un privado, GEO Group, pero jurídicamente el ICE es responsable del tratamiento a los detenidos. En estos centros registraron cuatro muertes de mexicanos, supuestamente por complicaciones médicas, aunque la causa legal no se estableció. Entre junio de 2025 y marzo, mil 809 mexicanos se recluyeron en el centro de detención del centro de Los Ángeles.
La estrategia mexicana incluye una ofensiva diplomática que abarca el envío de cartas a legisladores de Estados Unidos denunciando la atención médica deficiente, reuniones con familias de víctimas y organizaciones de derechos humanos, contacto con autoridades clave como el fiscal de California, Rob Bonta, así como una solicitud de audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sheinbaum informó que México llevará ante la CIDH la situación de los migrantes mexicanos detenidos, será la primera vez que el país presenta un caso de esta naturaleza ante el organismo internacional. El subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, ya abordó el tema con el embajador estadounidense en México, Ronald D. Johnson.
La demanda denuncia un escenario alarmante de condiciones insalubres, aislamiento punitivo, atención médica y de salud mental limitada, falta de acceso al aire libre, además de deficiencias en alimentación, agua y servicios básicos. El Departamento de Seguridad Nacional rechazó las acusaciones, afirmando que los estándares son adecuados.
