Michoacán enviará reforma para juzgar a menores como adultos en delitos graves

Morelia, 28 de marzo de 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que enviará una iniciativa de reforma al Código Penal Federal para que adolescentes que cometan delitos graves sean juzgados como adultos, medida que se suma al llamado realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La decisión del mandatario estatal responde al caso del adolescente de 15 años, identificado como Osmar N, señalado como presunto responsable del asesinato de dos maestras en la preparatoria Anton Makárenko de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Durante entrevista, el gobernador subrayó que aunque la tragedia de Lázaro Cárdenas no es el único caso, existen antecedentes de que grupos criminales utilizan a adolescentes para actividades delictivas aprovechando su inimputabilidad ante las leyes mexicanas.

Enviaremos la iniciativa, ya la estamos preparando, porque aunque es el primer caso en Michoacán, no podemos permitir que se siga replicando, agregó el gobernador.

De acuerdo con información de la Fiscalía michoacana, Osmar N fue imputado por el delito de feminicidio en relación con el homicidio de las docentes María del Rosario y Tatiana. El Ministerio Público también ordenó la privación justificada de su libertad por portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

La audiencia de control y formulación de imputación se llevó a cabo a puerta cerrada en las instalaciones del Centro de Internamiento para Adolescentes y Adultos Jóvenes, debido a que se trata de un menor. A petición de la defensa, se concedió la duplicidad del término constitucional para que el juez determine si hay vinculación a proceso y califique el delito.

Será hasta el próximo lunes cuando se reanude la audiencia y se conozca el resolutivo. Según la información recabada por la Fiscalía michoacana, el adolescente planeó desde el día anterior el homicidio de las docentes.

El caso ha generado atención nacional por la gravedad del delito y la edad del presunto responsable, lo que impulsa el debate sobre la necesidad de modificar el marco legal para casos donde adolescentes cometen crímenes de alto impacto.

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