Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El gobierno federal presentó la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el cual asciende a un total de 394,645 casos registrados entre 1952 y 2026. De esta cifra, las autoridades reportaron que 262,111 personas han sido localizadas, lo que representa el 66 por ciento del universo, mientras que 132,534 individuos, equivalente al 34 por ciento, mantienen oficialmente el estatus de desaparecidos.
Durante la exposición de los datos duros, se detalló que de las 262,111 personas localizadas, 240,211 fueron encontradas con vida (92 por ciento) y 21,900 sin vida (8 por ciento). En cuanto a los casos activos, el desglose indica que 130,178 desapariciones ocurrieron a partir de 2006, mientras que 2,356 corresponden al periodo comprendido entre 1952 y 2005. Entre octubre de 2024 y marzo de 2026, se logró la localización de 31,946 personas.
La información proporcionada por la Secretaría de Gobernación y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) clasifica los casos posteriores a 2006 en tres grupos según la calidad de la información y la actividad registrada. El primer grupo, integrado por 46,742 casos (36 por ciento), carece de datos suficientes para su clasificación detallada. El segundo grupo cuenta con 40,308 registros (31 por ciento) de personas que tuvieron actividad posterior al reporte de desaparición, de las cuales ya se ha ubicado a 5,269. El tercer grupo concentra a 43,128 personas (33 por ciento) con datos completos pero sin actividad reciente; de este segmento, únicamente 3,869 cuentan con una carpeta de investigación formal abierta.
En la presentación de los resultados participaron la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y otros funcionarios de alto nivel como Marcela Figueroa, Félix Arturo Medina y Kenia López Rabadán. Las cifras se dieron a conocer en el marco de la reforma legal de 2025 a la Ley General en materia de desaparición de personas, la cual establece nuevas obligaciones para las autoridades.
Entre los cambios normativos destacados se encuentra la obligación de abrir una carpeta de investigación ante el primer reporte de desaparición y la exigencia de incluir datos mínimos en los registros oficiales. La discrepancia en el número de carpetas de investigación frente al total de desaparecidos activos refleja uno de los desafíos operativos que enfrentan las instituciones encargadas de la búsqueda y procuración de justicia en la materia.
