Brasilia, 28 de marzo de 2026.- El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, abandonó este viernes el hospital donde se encontraba internado desde el 13 de marzo para trasladarse a su residencia familiar en el Distrito Federal, donde cumplirá una prisión domiciliaria de 90 días autorizada por el juez Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo Federal (STF). La medida humanitaria fue concedida tras evaluar el estado de salud del exmandatario, quien enfrenta una condena de 27 años y tres meses por su participación en un intento de golpe de Estado.
La decisión judicial permite que Bolsonaro purgue el resto de su pena en casa mientras se recupera de una bronconeumonía que requirió más de una semana en terapia intensiva. Según lo establecido por el magistrado, el plazo de confinamiento domiciliario comenzará a contar a partir de su alta médica y será reevaluado al finalizar los tres meses, momento en el que se decidirá si se prorroga el beneficio o si debe retornar al centro penitenciario.
Para garantizar el cumplimiento de la sanción, el expresidente deberá portar una tobillera electrónica de monitoreo constante. Además, la orden judicial impone restricciones estrictas de comunicación: tiene prohibido el uso de teléfonos celulares para grabar videos o audios, así como cualquier actividad en redes sociales, plataformas que Bolsonaro utilizaba frecuentemente para intervenciones políticas antes de su encarcelamiento.
El traslado del excapitán del Ejército se realizó bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Bolsonaro llegó a su complejo residencial vestido con un chaleco antibalas, acompañado por vehículos de la Policía Militar, uno de los cuales permanecerá estacionado frente al inmueble de manera permanente. En la vivienda convive con su esposa, Michelle Bolsonaro, su hija Laura y su hijastra Letícia Firmino.
Las visitas permitidas durante este periodo se limitan a sus abogados y a sus hijos, incluidos Carlos y Flávio Bolsonaro. Esta última restricción cobra relevancia en el contexto político actual, dado que Flávio se ha perfilado como precandidato presidencial de la ultraderecha de cara a los comicios de octubre, en un escenario que promete alta polarización.
Aunque ha recibido el alta hospitalaria, informes médicos indican que el exgobernante no está completamente curado y requiere atención cuidadosa, argumento que fue respaldado parcialmente por la Fiscalía para aceptar el régimen domiciliario. El juez De Moraes, quien había negado solicitudes anteriores de la defensa, mantendrá la supervisión del caso para determinar el futuro del cumplimiento de la pena una vez concluido el trimestre de prueba.
