Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó las reformas al artículo 127 constitucional para eliminar las llamadas “pensiones doradas” de extrabajadores de confianza en organismos como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la extinta Luz y Fuerza del Centro. La decisión legislativa establece que las jubilaciones de este sector no podrán exceder el 50 por ciento de la remuneración del titular del Ejecutivo federal, una medida que se aplicará de manera retroactiva a los haberes vigentes.
Durante la sesión, se registraron posturas divididas entre los legisladores respecto a la implementación del ajuste. La diputada Lilia Aguilar Gil justificó la reforma al señalar que existen privilegios corruptos que deben ser erradicados, argumentando que no es moralmente aceptable que ciertos funcionarios reciban montos desproporcionados. En contraste, el diputado Fernando Torres Graciano advirtió sobre las afectaciones injustas que podría sufrir personal con alta especialización y años de servicio al Estado, cuestionando la seguridad jurídica de la medida.
La aprobación de la iniciativa coincidió con manifestaciones de grupos de pensionados de Pemex y CFE en las inmediaciones de San Lázaro. Los inconformes intentaron realizar un “portazo” e irrumpir en el recinto legislativo para exigir que se diera marcha atrás a la propuesta, la cual consideran violatoria de sus derechos adquiridos y del principio de irretroactividad de la ley establecido en el artículo 14 constitucional.
El dictamen contempla que el nuevo límite impacte a pensiones superiores al millón 107 mil pesos, reduciéndolas a niveles cercanos a los 70 mil pesos mensuales según las estimaciones discutidas en el pleno. Aunque la investigación no detalla el desglose exacto de la votación final ni la hora precisa del cierre de la sesión, el acuerdo representa un cambio estructural en el sistema de retiro para el personal de alto mando de las empresas productivas del Estado.
Con esta determinación, la Cámara baja envía el documento a las legislaturas locales para su ratificación, cerrando una etapa de debate marcada por la tensión entre el ahorro de recursos públicos y la protección de los derechos laborales de los jubilados. El diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que también participó en las discusiones, sumándose al análisis de los efectos que tendrá esta modificación en el erario nacional y en la vida de los beneficiarios actuales.
