Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional para establecer un tope a las pensiones del personal de confianza en el sector público, una medida impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum que busca eliminar las llamadas “pensiones doradas”. El dictamen, que modifica el artículo 127 de la Constitución, fue avalado por unanimidad en lo general con 458 votos a favor, sin registros en contra ni abstenciones en esa fase de la votación, y posteriormente alcanzó la mayoría calificada requerida en la discusión en lo particular.
La enmienda establece que ninguna jubilación o pensión de servidores públicos de confianza podrá exceder la mitad de la remuneración mensual del titular del Ejecutivo federal, monto que se sitúa aproximadamente en 70,000 pesos. La reforma aplica a organismos descentralizados, empresas públicas, bancos de desarrollo y fideicomisos, aunque contempla excepciones para las Fuerzas Armadas, las pensiones de adultos mayores y personas con discapacidad, así como para trabajadores de base sindicalizados.
Durante el debate en el pleno de San Lázaro, se registraron protestas de grupos de jubilados y pensionados en los accesos del Palacio Legislativo y en Baja California, quienes manifestaron su inconformidad ante la posibilidad de una aplicación retroactiva de la norma. Los manifestantes intentaron ingresar a la fuerza al recinto legislativo en momentos previos a la votación, lo que obligó a reforzar la seguridad en los filtros de acceso ante el temor de que la medida afecte derechos adquiridos.
En tribuna, Pedro Haces Barba, diputado de Morena, defendió la iniciativa al señalar que el objetivo es corregir desigualdades y privilegios heredados de administraciones anteriores, argumentando que muchas de estas pensiones millonarias fueron producto de compadrazgos y favores políticos. Por su parte, Rubén Moreira, coordinador del grupo parlamentario del PRI, confirmó que su bancada votó a favor de la reforma, considerándola un acto de justicia, aunque expresó reservas sobre posibles omisiones y riesgos legales relacionados con la retroactividad.
Victoria Bentley, lideresa de Unidos en la Defensa de ISSSTECALI, representó la voz de los afectados al advertir sobre los impactos negativos que podría tener la medida en trabajadores que no perciben montos exorbitantes pero que verían reducidos sus ingresos por la nueva disposición constitucional. A pesar de las críticas, la Cámara de Diputados concluyó el proceso legislativo y envió el decreto a los congresos de los estados, donde deberá ser aprobado por al menos 17 entidades para entrar en vigor.
La aprobación en Diputados sigue a la validación previa en el Senado de la República, donde la minuta obtuvo 109 votos a favor y seis abstenciones. Con este avance, el gobierno federal busca destinar los recursos ahorrados por el recorte de pensiones al fortalecimiento de programas sociales, bajo los principios de austeridad republicana y responsabilidad financiera que caracterizan la actual administración.
