Torreón, 27 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila, a través de su Delegación Laguna I, reportó avances significativos en la investigación del presunto fraude inmobiliario conocido como el “Cártel Inmobiliario”, con un saldo de 60 denuncias formales y 12 órdenes de aprehensión giradas. Sin embargo, esta versión oficial contrasta con las declaraciones de las víctimas, quienes acusan a la autoridad de tortuguismo y señalan que, de todas las carpetas abiertas, únicamente dos han sido judicializadas.
El delegado regional Carlos Rangel informó que se estableció una estrategia de atención directa para el grupo inicial de 27 afectados, quienes denuncian un daño patrimonial cercano a los 19 millones de pesos. Como resultado de las acciones realizadas, la dependencia confirmó la detención de dos mujeres y la reaprehensión de otra persona, tras haber alcanzado previamente un acuerdo reparatorio en uno de los casos. El funcionario explicó que dichos acuerdos son legales cuando cuentan con la aceptación de la parte afectada.
A pesar de los informes de progreso, los afectados mantienen una postura de desconfianza hacia la Fiscalía. Alfonso Serrano, representante de las víctimas, acusó al fiscal general Federico Fernández Montañez de negarles atención oportuna, citarlos a horarios matutinos para ser atendidos hasta la noche y de no responder a las llamadas realizadas a un número personal proporcionado por la autoridad. Serrano sostuvo que las órdenes de aprehensión carecen de utilidad si no se ejecutan efectivamente.
En medio de las discrepancias, reportes periodísticos indican que uno de los principales implicados, el exnotario Fernando Nicolás Muñoz Sanjuan, habría huido a España, mientras que otro detenido ha sido liberado en tres ocasiones. Las víctimas realizaron manifestaciones y bloqueos parciales en las inmediaciones de la delegación de la Fiscalía en Torreón para exigir celeridad y justicia en la resolución de sus casos.
El delegado Rangel reconoció que aún falta la localización de dos personas señaladas como organizadores del esquema, quienes ya cuentan con órdenes de aprehensión pero han promovido amparos para evitar su captura. La autoridad mantiene abiertas las puertas para recibir nuevas denuncias, aunque la cifra exacta de afectados podría incrementarse más allá del grupo inicial que se agrupó para levantar las primeras actas.
La contradicción central del caso radica en el estatus legal de las denuncias: mientras la Fiscalía afirma que la mayoría de las carpetas están integradas y judicializadas tras más de 20 sesiones de trabajo, los afectados insisten en que la situación jurídica real es mínima frente a la magnitud del daño económico sufrido. La tensión entre ambas versiones persiste mientras se espera la ejecución de las órdenes pendientes y la localización de los fugitivos.
