Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general el proyecto de reforma electoral conocido como ‘Plan B’, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aunque descartó la medida que buscaba adelantar la revocación de mandato al año 2027. La votación, realizada el 25 de marzo con 128 senadores presentes, arrojó un resultado de 87 votos a favor y 41 en contra.
El bloque oficialista, conformado por las bancadas de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), logró la mayoría necesaria para validar los ejes centrales de la iniciativa enfocados en la austeridad y la reestructuración de costos operativos del sistema político. Sin embargo, la fracción del PT se alineó con la oposición para rechazar el artículo que permitiría someter a la mandataria a una consulta de ratificación antes de concluir su sexenio, modificando así el alcance original de la propuesta presidencial.
Entre las medidas aprobadas destacan el establecimiento de un tope máximo de 15 regidurías por Ayuntamiento y la limitación del presupuesto de las legislaturas locales al 0.70 por ciento del gasto estatal correspondiente. Asimismo, se eliminaron los seguros médicos privados, las pensiones privadas y los regímenes especiales de retiro para consejeros y magistrados electorales, acciones que el oficialismo presentó como mecanismos para erradicar privilegios y fortalecer la democracia.
Por otro lado, se validó un recorte progresivo del 15 por ciento al presupuesto del Senado. A pesar del consenso en estos puntos, persisten divergencias sobre el impacto financiero real de la reforma. Mientras fuentes gubernamentales aseguran que habrá un ahorro significativo de recursos públicos, análisis preliminares del Instituto Nacional Electoral (INE) sugieren que la supresión de bonos por trabajo extra durante años electorales podría incrementar el gasto al requerir la implementación de otros mecanismos para respetar los derechos laborales de los funcionarios.
La oposición, integrada por senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, votó en contra del proyecto en su conjunto, calificándolo como un retroceso democrático diseñado para disminuir la competencia política. Durante las sesiones, surgieron menciones sobre posibles presiones y ofertas políticas en torno a la negociación, aunque no se detallaron públicamente las condiciones específicas de dichas interacciones.
Con esta aprobación en lo general, la reforma avanza en el proceso legislativo, consolidando cambios estructurales en la organización electoral y el financiamiento de los partidos, pero dejando fuera la herramienta de control ciudadano inmediato que buscaba la jefatura del Ejecutivo federal.
