Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la reforma electoral conocida como ‘Plan B’, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero con una modificación sustancial: la exclusión de los cambios al artículo 35 constitucional que habrían permitido adelantar la consulta de revocación de mandato para junio de 2027. La votación, realizada cerca de la medianoche del miércoles 25 de marzo, registró 87 votos a favor y 41 en contra, tras un acuerdo entre Morena y el Partido del Trabajo (PT) que dejó fuera el mecanismo de consulta popular anticipada.
La aprobación de la minuta se logró bajo la condición impuesta por el PT de eliminar cualquier disposición relacionada con la revocación de mandato. Los legisladores petistas sostuvieron que su postura se fundamentó en la necesidad de separar el ejercicio de revocación de las campañas partidistas para garantizar la gobernabilidad, rechazando que el proceso coincidiera con las elecciones intermedias. Con esta decisión, la consulta solo podrá solicitarse a finales de 2027 y realizarse en 2028, conforme a la ley vigente.
Ante este desenlace, surgieron posturas divergentes dentro de la coalición oficialista. Mientras el senador Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena, presentó el resultado como un éxito al mantener la unidad y aprobar la parte principal de la iniciativa referente a la austeridad, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó la exclusión de la revocación de mandato como algo malo para el país. Esta contradicción marcó el cierre de una sesión que inició por la tarde y se extendió hasta pasada la medianoche.
El contenido aprobado de la reforma se centra en medidas de austeridad y ajustes institucionales. Se mantuvieron los cambios al artículo 134, estableciendo que los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), organismos públicos locales y tribunales electorales no podrán percibir remuneraciones mayores a las de la presidenta. Asimismo, se reformaron los artículos 115 y 116 constitucionales para limitar el número de regidurías en los ayuntamientos y establecer que el presupuesto de los congresos locales no exceda el 0.70 por ciento del gasto estatal total.
Adicionalmente, la reforma incluye una reducción gradual del 15 por ciento del presupuesto del Senado, la cual comenzará a aplicarse en 2027 y concluirá en 2030. Estos puntos fueron avalados por el bloque oficialista una vez que se descartó la posibilidad de modificar la fecha de la revocación de mandato, cerrando así la discusión en la Cámara alta sobre los aspectos medulares de la iniciativa original que buscaba reconfigurar el sistema electoral.
Con la aprobación en el Senado, la minuta fue remitida a la Cámara de Diputados para concluir su trámite legislativo. El proceso representa un cambio significativo respecto a los objetivos iniciales del gobierno federal, ya que la reforma queda limitada a tres temas principales: la reducción de regidurías, el límite al gasto en congresos estatales y el tope salarial a funcionarios electorales, dejando sin efecto la aspiración de realizar un escrutinio ciudadano a la mitad del sexenio en 2027.
