Pajapan, 26 de marzo de 2026.- Un grupo interdisciplinario integrado por las secretarías de Marina, Medio Ambiente y Energía, así como Pemex y la ASEA, informó este miércoles la recolección de 128 toneladas de residuos impregnados de crudo en más de 165 kilómetros de litoral afectado por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México. Las autoridades detallaron que se han destinado 217 millones de pesos para la limpieza de playas y 8 millones adicionales para el despliegue de embarcaciones especializadas, en un operativo que busca contener los efectos del vertido reportado inicialmente por pobladores el pasado 1 de marzo.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la conformación de dicho grupo de trabajo con el objetivo de dilucidar las causas exactas del incidente y determinar si persiste alguna fuga activa. Hasta el momento, no existe una versión oficial definitiva sobre el origen del derrame; versiones iniciales apuntaban a un vertido proveniente de una embarcación de una empresa externa a Petróleos Mexicanos, aunque la investigación sigue en curso para establecer responsabilidades precisas.
Pese a los informes gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil han expresado su rechazo por la falta de transparencia en el manejo de la crisis. Verónica Munier, del Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño, señaló que desconocen el grado real del daño ecológico debido a que las autoridades no han socializado ningún estudio técnico. “No nos han dicho nada y no hemos sabido que hayan hecho ningún estudio o, por lo menos, no lo han informado”, afirmó la defensora.
Por su parte, Greenpeace México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y CartoCrítica acusaron a las autoridades de tener conocimiento temprano del evento, el cual sitúan entre el 11 y 17 de febrero cerca de la plataforma Abkatún, con una extensión estimada de 50 kilómetros cuadrados mediante imágenes satelitales. Estos grupos sostienen que se ignoró el Plan Nacional de Contingencia y no se emitió una alerta pública oportuna, lo que habría permitido la dispersión del hidrocarburo hacia múltiples municipios costeros de Veracruz, Tabasco y recientemente Tamaulipas.
En cuanto al impacto en la fauna, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente de Veracruz informó sobre el hallazgo de un delfín muerto en Alvarado. El gobierno estatal atribuyó el deceso a una “hemorragia severa derivada de una lesión traumática”, descartando oficialmente que su muerte esté vinculada a la contaminación por hidrocarburos, una afirmación que contrasta con la preocupación manifestada por las comunidades pesqueras que han recibido apoyos económicos por más de 35 millones de pesos anunciados por Pemex.
Las discrepancias continúan respecto a la magnitud total del desastre, ya que mientras el comunicado oficial del 25 de marzo limita el área atendida a 165 kilómetros, otras fuentes periodísticas citan afectaciones en al menos 630 kilómetros de costa veracruzana y la llegada de manchas de crudo a la playa Miramar en Tamaulipas. La incertidumbre sobre la contención total del vertido y la ausencia de resultados de impacto ambiental públicos mantienen la tensión entre los habitantes de la región y los tres niveles de gobierno.
