Mexicali, 25 de marzo de 2026.- Un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades, relacionados con el contrato firmado con la empresa Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica que no se concretó. La resolución fue emitida tras una audiencia que inició el lunes 23 de marzo a las 09:23 horas y se prolongó por casi 24 horas en la capital del estado fronterizo.
El juez Gerardo Anguiano Ceja consideró que existen elementos suficientes para que el exmandatario enfrente un proceso penal, estableciendo un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria. Como medida cautelar, se impuso a Bonilla Valdez el pago de 100 mil pesos. De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, el proceso había permanecido estancado durante casi cuatro años debido al fuero constitucional con el que contaba el acusado durante su etapa como senador, así como por diversas ausencias en audiencias previas.
Durante la audiencia, la defensa legal integrada por los abogados Humberto Velazco e Hiram Sánchez presentó cinco líneas argumentativas para intentar desestimar la imputación. Los defensores señalaron que la autoridad que llevó el caso sería incompetente y argumentaron la falta de pruebas para sustentar los delitos. Específicamente respecto al abuso de autoridad, indicaron que el pago de 123 millones de pesos se realizó entre el 20 de enero y el 11 de febrero de 2022, periodo posterior a la conclusión del mandato de Bonilla Valdez en octubre de 2021.
En esa misma línea, la defensa sostuvo que los hechos relacionados con el presunto peculado también habrían ocurrido fuera de la administración del exgobernador. Respecto al delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, los abogados afirmaron que este no se configura, ya que el proyecto de la planta fotovoltaica corresponde a un contrato plurianual de servicios y no a la adquisición de un crédito fiscal, como lo establece la tipificación del delito. Pese a estos argumentos, el juez resolvió vincular a proceso al exmandatario por los tres delitos señalados.
La acusación está relacionada con un contrato por 4,500 millones de pesos a 30 años para dotar de energía al acueducto Río Colorado-Tijuana mediante una planta en el Valle de Mexicali, proyecto que finalmente no se llevó a cabo. El Gobierno de Baja California ha presentado al menos 20 denuncias penales tanto en la Fiscalía General del Estado como en la Fiscalía General de la República por diversos delitos cometidos durante la administración de Jaime Bonilla. Conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, Bonilla Valdez se mantiene como inocente en tanto no se determine su responsabilidad mediante sentencia.
