Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La reforma electoral denominada ‘Plan B’ superó su primer obstáculo legislativo al ser aprobada en las comisiones unidas del Senado, donde obtuvo 24 votos a favor y 11 en contra. No obstante, el camino hacia su validación definitiva en el pleno enfrenta obstáculos críticos, marcados por la ausencia de legisladores del Partido del Trabajo (PT) durante la votación en comisiones y un deslinde interno dentro del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
Para que la reforma constitucional sea válida, se requiere la aprobación de 86 votos de los 128 senadores que conforman la cámara, lo que representa una mayoría calificada de dos terceras partes. Aunque la coalición oficialista integrada por Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) suma teóricamente 90 senadores, la disciplina de voto no está garantizada. En la sesión de comisiones celebrada el 24 de marzo, los senadores del PT no estuvieron presentes, reflejando la tensión existente respecto a la fecha propuesta para la revocación de mandato, punto que el líder del PT, Alberto Anaya, ha condicionado hasta la víspera.
Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, difundió mensajes y fotografías asegurando la unidad de la coalición gobernante. Sin embargo, esta narrativa contrasta con la realidad de la votación en comisiones y las declaraciones previas de los aliados laboristas, quienes consideran que realizar la revocación de mandato en 2027, coincidiendo con las elecciones intermedias, otorgaría una ventaja electoral a la presidenta Claudia Sheinbaum. La incertidumbre sobre el sentido del voto de los nueve senadores del PT y la posible disidencia dentro de las bancadas del PVEM mantienen en suspense el resultado final que se espera en la sesión del pleno programada para este miércoles.
Paralelamente al debate legislativo, surgió una fractura en la autoridad electoral. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, envió un documento al Senado señalando las dificultades técnicas y operativas que implicaría la implementación del ‘Plan B’. En respuesta inmediata, siete de los 11 consejeros del instituto —Dania Ravel, Claudia Zavala, Jaime Rivera, Rita Bell López, Arturo Castillo, Carla Humphrey y Martín Faz— firmaron una carta para deslindarse de dicho comunicado, asegurando que el documento no fue consensuado y no representa la postura institucional del órgano electoral.
La reforma en discusión abarca múltiples modificaciones, incluyendo límites al número de regidurías municipales, ajustes al presupuesto de los congresos estatales y cambios en los ingresos de los funcionarios electorales. Con la aprobación en comisiones ya conseguida mediante mayoría simple, la atención se centra ahora en la capacidad de negociación del oficialismo para reunir los votos necesarios en el pleno senatorial, en un escenario donde la oposición del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano ya expresó su rechazo en las comisiones unidas.
