Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La crisis de desapariciones en México muestra múltiples facetas esta semana, marcada por el hallazgo de restos humanos y crematorios clandestinos en Jalisco, la localización de siete electricistas retenidos en San Luis Potosí, y denuncias de allanamientos contra organizaciones de derechos humanos en Chiapas, todo ello en un contexto de discrepancias entre las cifras oficiales y los reportes de colectivos de búsqueda.
En Tequila, Jalisco, el colectivo Buscando Corazones, liderado por Ivonne Gutiérrez, denunció el descubrimiento de restos óseos calcinados, posibles indicios de disolución con ácido y objetos personales en el cerro del Totole. La coordinadora del grupo señaló que las autoridades no mantienen resguardado el sitio, lo que sugiere una posible negligencia institucional ante la evidencia de un posible crematorio clandestino.
Simultáneamente, en Hermosillo, Sonora, Ceci Flores, madre buscadora, aseguró haber encontrado los restos de su hijo en la carretera 26, kilómetro 46. Aunque la investigación no especifica la identidad completa del familiar ni confirma pruebas de ADN, su declaración subraya la persistencia de las familias para encontrar verdad ante la falta de respuestas estatales.
Por otro lado, siete electricistas desaparecidos en Matehuala, San Luis Potosí, fueron localizados con vida tras permanecer retenidos más de dos días. Un electricista anónimo informó a medios que el grupo fue interceptado por un grupo criminal con el fin de reclutarlos forzadamente. Para la búsqueda en la región, se desplegaron aproximadamente 600 agentes de seguridad.
La respuesta oficial presenta contradicciones flagrantes. El Gabinete de Seguridad afirmó que todas las personas reportadas como no localizadas en Quintana Roo entre el 6 y el 13 de marzo “se encuentran en sus hogares, sin que exista evidencia de la comisión de algún delito”, declaración que contrasta con la percepción de crisis y los reportes periodísticos sobre desapariciones en la entidad. Mientras tanto, en Yucatán se registran 297 personas desaparecidas hasta finales de 2025, y persiste la incertidumbre sobre el paradero del niño Matías Eliam Padilla Ávila, sustraído por su padre.
La situación de los defensores de derechos humanos se ha agravado. El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova denunció un segundo allanamiento y robo en sus instalaciones en Tapachula, Chiapas, ocurrido el 22 de marzo, señalando un “riesgo inminente” e inacción de las autoridades para proteger su integridad. Esto se suma al hostigamiento reportado contra el periodista Rolando Sánchez Quintero en Guerrero.
En el ámbito legal y social, las familias de policías municipales desaparecidos de Torreón enfrentan barreras burocráticas. Cristian Castro Cigala, representante del colectivo, informó que mantienen pláticas con el Ayuntamiento para acceder a pensiones, pero el municipio argumenta que “no hay una forma jurídicamente posible” para integrarlos al fondo de pensiones, dejando a las familias en vulnerabilidad económica mientras continúan la búsqueda de sus seres queridos.
