Lima, 24 de marzo de 2026.- Ángelo Alfaro Lombardi presentó su renuncia al Ministerio de Energía y Minas de Perú este fin de semana, luego de hacerse pública una denuncia de violación en su contra cometida presuntamente en el año 2000. La salida del funcionario marca un nuevo episodio de inestabilidad en el gobierno del presidente José María Balcazar, registrándose como el octavo ministro en abandonar la administración desde su inicio.
La denuncia fue formulada por Jennifer Canani, quien asegura que los hechos ocurrieron cuando ella tenía 16 años y cursaba el quinto de secundaria en la ciudad de Pucallpa. Según el contexto proporcionado, en aquel tiempo Alfaro, de 47 años de edad, ocupaba un cargo gerencial en una empresa eléctrica de la zona. La denunciante sostiene que los padres de Canani habrían sido contactados por el entonces gerente, quien prometió reconocer al niño producto del embarazo si le permitían convivir con la joven.
Ante la difusión de las acusaciones, Alfaro Lombardi ha negado los hechos y ha cuestionado las intenciones económicas detrás de la denuncia, generando una contradicción de versiones que aún no ha sido resuelta por la vía judicial. La investigación disponible no confirma si existen procesos legales abiertos o cerrados respecto a este caso, ni detalla reacciones oficiales específicas del Palacio de Gobierno más allá del hecho de la renuncia.
La partida de Alfaro se suma a la serie de salidos que han debilitado la estructura del gabinete de Balcazar en los primeros meses de 2026. La investigación señala que no se dispone de la hora exacta de la presentación de la carta de renuncia, limitándose a confirmar que ocurrió durante el fin de semana previo a este 24 de marzo. Tampoco se han hecho públicas declaraciones detalladas del mandatario sobre la aceptación de la dimisión o los pasos a seguir para cubrir la vacante en el sector energético.
Este caso revive la atención sobre los antecedentes de funcionarios públicos y la vigencia de denuncias por hechos cometidos hace décadas. La falta de información sobre la edad actual de la denunciante y de su hijo, así como el nombre específico de la empresa eléctrica donde laboraba Alfaro en el año 2000, son datos que permanecen sin confirmar en los reportes oficiales actuales. La situación mantiene al gobierno peruano bajo escrutinio por la frecuencia de cambios en su equipo ministerial.
