Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó el estatus de donataria autorizada al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), medida que forma parte de una acción más amplia que impacta a más de 100 organizaciones de la sociedad civil en el país. La decisión de la autoridad fiscal se basa en el criterio de que la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) no contaba con las atribuciones legales para acreditar las actividades de estas entidades, pese a que muchas habían obtenido dicho reconocimiento previamente.
De acuerdo con la información disponible, al menos 13 organizaciones han sido dadas de baja formalmente, aunque el universo de entidades afectadas por la revocación o la incertidumbre administrativa supera la centena. El IMCO, asociación civil fundada en 2003, manifestó que cumplió puntualmente con sus obligaciones fiscales y procesales, habiendo obtenido la acreditación correspondiente ante la SECIHTI conforme a los mecanismos vigentes en ese momento.
La controversia central radica en la discrepancia interpretativa entre las dependencias gubernamentales. Mientras el IMCO sostiene que actuó bajo el amparo de una acreditación válida otorgada por la secretaría sectorial, el SAT determinó invalidar dichos permisos al considerar que la instancia emisora carecía de la competencia legal necesaria para ello. Esta postura ha generado un conflicto administrativo que deja en un limbo jurídico a numerosas entidades dedicadas a la investigación y el desarrollo social.
Ante la notificación de la revocación, el IMCO presentó una nueva solicitud ante el SAT el pasado 18 de noviembre, buscando regularizar su situación bajo los nuevos criterios impuestos por la autoridad tributaria. Sin embargo, los detalles específicos sobre las nuevas disposiciones que exigen acreditar actividades y la resolución final de dicha petición aún no se han hecho públicos de manera definitiva, manteniendo la incertidumbre sobre el futuro operativo de estas instituciones.
Este movimiento del fisco mexicano ocurre en un contexto donde diversos actores han señalado narrativas de criminalización contra las organizaciones no gubernamentales, aunque el caso específico del IMCO y las demás entidades se circunscribe a un debate sobre competencias administrativas y requisitos fiscales. La situación pone en riesgo la capacidad de recepción de donativos deducibles de impuestos, vital para el financiamiento de estos proyectos civiles.
