Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- En un esfuerzo coordinado que abarca salud pública, protección ambiental y seguridad marítima, autoridades mexicanas reportaron avances significativos en tres frentes críticos: la recepción de 42 contribuciones por parte del Relator Especial de la ONU para la elaboración de una iniciativa legislativa sobre sustancias químicas, la aplicación de más de 147 mil dosis de vacuna contra el sarampión en Coahuila y el aseguramiento de 25.11 toneladas de pesca ilegal en Ensenada.
Marcos A. Orellana, Relator Especial de la ONU sobre sustancias y desechos peligrosos, concluyó su visita al país con la recepción de 42 contribuciones destinadas a fortalecer el marco jurídico nacional. Este proceso busca regular el uso de plaguicidas y químicos, un tema urgente dado que existen más de 142 millones de sustancias químicas registradas en el mundo. La iniciativa legislativa es impulsada en el Senado por Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y retoma la necesidad de justicia tras la impunidad del ecocidio ocurrido en el Río Sonora en 2014.
En el ámbito de la salud preventiva, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila intensificó sus acciones contra el sarampión. Verónica Hernández Sandoval, enfermera supervisora de la institución, confirmó que se han aplicado más de 147 mil dosis de la vacuna en la entidad, como parte de las estrategias para mantener la cobertura y protección de la población ante enfermedades prevenibles.
Simultáneamente, la Secretaría de Marina y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) ejecutaron un operativo de vigilancia en Ensenada, Baja California, donde lograron el decomiso de 25,110 kilogramos de producto pesquero ilegal. El cargamento asegurado incluye 2,100 kilogramos de buche de curvina y 23,010 kilogramos de pescado entero congelado de la misma especie, cuya comercialización está prohibida para proteger a la vaquita marina.
Estas acciones reflejan la multidimensionalidad de las políticas públicas actuales, que buscan equilibrar la protección de la biodiversidad, la garantía del derecho a la salud y la actualización de leyes ambientales frente a los desafíos globales de contaminación química. La convergencia de estos eventos en marzo de 2026 subraya la prioridad que el gobierno federal otorga a la sostenibilidad y el bienestar social.
