Por Redacción
Nueva York, 21 de marzo de 2026.- En un desarrollo judicial de alto perfil que combina una sentencia firme y una indagatoria en curso, la justicia estadounidense condenó a Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, a 22 años y cuatro meses de prisión por su participación en el homicidio del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, mientras se mantiene activa una investigación preliminar contra el presidente Gustavo Petro por posibles nexos con el narcotráfico y financiamientos irregulares.
La condena recaída sobre Pérez Marroquín cierra un capítulo crucial del caso relacionado con el atentado contra el legislador colombiano. De acuerdo con los datos del proceso, el sentenciado fue identificado como un intermediario clave en los hechos que derivaron en el crimen, recibiendo una pena de más de dos décadas de encarcelamiento por homicidio agravado y otros delitos conexos.
De manera paralela, fuentes citadas por The New York Times revelaron la existencia de una investigación preliminar llevada a cabo por fiscales en Nueva York contra el mandatario Gustavo Petro. Las autoridades estadounidenses examinan supuestos contactos del presidente con estructuras de narcotráfico y posibles flujos de dinero irregular durante su campaña presidencial, aunque se ha precisado que el caso se encuentra en una fase temprana.
Según la información disponible, no existen cargos formales en contra de Petro y las autoridades han señalado que el mandatario colombiano no sería el objetivo central de la indagatoria en este momento. Reportes previos habían indicado que no existían pruebas concluyentes, lo que refleja la naturaleza incipiente del procedimiento legal que aún no ha presentado evidencia concreta de manera pública.
La investigación estadounidense involucra también a otros actores como Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’, y Katherine Andrea Martínez Martínez, quienes aparecen relacionados en el entramado de hechos que vinculan la violencia política con actividades ilícitas. Sin embargo, la distinción entre la sentencia ejecutoriada contra ‘El Viejo’ y la pesquisa administrativa contra el jefe de Estado colombiano marca dos estadios diferentes del proceso judicial.
Este doble escenario judicial pone bajo la lupa las relaciones entre el poder político en Colombia y las redes criminales transnacionales, con la Fiscalía colombiana siguiendo de cerca los desdoblamientos en territorio estadounidense. Mientras la condena de 22 años y cuatro meses establece un precedente de castigo para los ejecutores materiales, la sombra de la investigación sobre el entorno presidencial continúa abierta sin definiciones finales.
