Por Redacción
Cancún, 21 de marzo de 2026.- Durante la 89 Convención Bancaria, celebrada del 18 al 20 de marzo en esta ciudad, se puso de manifiesto la urgencia de acelerar la digitalización de los sistemas de pagos en México y revisar las medidas contra el lavado de dinero, en un contexto de cooperación con autoridades norteamericanas. El evento reunió a la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, directivos de la Asociación de Bancos de México (ABM) y representantes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluyendo oficinas como la OFAC, FinCEN y el IRS.
En el marco de las discusiones, se destacó el crecimiento significativo del mercado fiduciario en el país. Al término del primer semestre de 2025, este sector superó los 11.5 billones de pesos, equivalente a aproximadamente 620 mil millones de dólares. Ricardo Rangel, director ejecutivo de Negocio Fiduciario de Multiva, participó en los foros donde se analizaron estas cifras como indicador de la expansión financiera.
La digitalización de las transacciones fue otro punto central, respaldado por datos del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). En 2025, dicha plataforma procesó más de 7,300 millones de operaciones por un monto cercano a los 600 billones de pesos (unos 33.3 billones de dólares), cifra que representa 16.8 veces el Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Estos volúmenes evidencian la necesidad de infraestructuras robustas y actualizadas.
Las autoridades mexicanas y norteamericanas revisaron los avances en materia antilavado, aunque no se detallaron medidas específicas acordadas durante la convención. La presencia de funcionarios de alto nivel de ambos países subraya la importancia de la coordinación binacional para fortalecer la seguridad financiera y prevenir ilícitos en un mercado de capitales en expansión.
La presidenta Claudia Sheinbaum está vinculada al tema por la relevancia estratégica del sector bancario para la economía federal, aunque no se especificó una declaración directa de su parte en este evento. La conclusión de la convención en Quintana Roo marca el inicio de una fase de implementación de estrategias para aprovechar el dinamismo del sistema de pagos electrónico y blindar el sistema financiero ante riesgos operativos y legales.
