Por Redacción
Boston, 21 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este viernes una demanda federal contra la Universidad de Harvard, acusando a la institución de permitir un entorno hostil para estudiantes judíos e israelíes durante las protestas pro-palestinas ocurridas en 2023 y 2024. La acción legal, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, solicita la recuperación de miles de millones de dólares en subvenciones federales otorgadas a la universidad.
La querella se centra en los incidentes registrados durante un campamento antiisraelí que permaneció instalado en el campus durante 20 días. Según el gobierno, la institución no tomó medidas suficientes para proteger a los alumnos judíos de acosos y agresiones físicas alegadas en ese periodo, lo que constituiría una violación de las leyes federales contra la discriminación.
Este litigio marca la tercera demanda presentada por la administración Trump contra Harvard. El conflicto tiene antecedentes en febrero de 2025, cuando el ejecutivo federal amenazó con retirar los fondos de la institución, medida que fue bloqueada temporalmente por un juez. La disputa legal se enmarca en el clima de tensión generado tras el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre, que derivó en manifestaciones en diversas universidades estadounidenses.
Las autoridades federales argumentan que la tolerancia ante las manifestaciones hostiles creó un ambiente de discriminación prohibido por la ley. Aunque la investigación no detalla cifras exactas del monto específico a reclamar ni el número preciso de víctimas reportadas en el expediente, se enfatiza la magnitud de los recursos públicos en riesgo debido a las acusaciones.
Por su parte, la Universidad de Harvard ha emitido comunicados institucionales en respuesta a las acusaciones, aunque no se ha especificado su defensa legal formal ante el tribunal federal de Boston donde se presentó la demanda. La institución enfrenta ahora un proceso judicial que podría tener repercusiones financieras significativas y establecer un precedente sobre la responsabilidad de las universidades en la gestión de la seguridad y la libertad de expresión en sus campus.
El caso pone de manifiesto la continuidad de la política de la actual administración estadounidense de utilizar mecanismos legales y financieros para intervenir en la gestión de instituciones educativas privadas cuando considera que se han vulnerado derechos de grupos específicos. La resolución de este litigio dependerá de la interpretación judicial sobre la obligación de las universidades para garantizar la seguridad de sus estudiantes frente a expresiones de protesta política.
