Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo la revisión de un caso de presunto huachicol fiscal que había sido anulado por un tribunal federal en Veracruz debido a la falta de procedibilidad. La decisión, tomada el 18 de marzo de 2026, busca determinar si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o la Administración General de Aduanas (ANAM) son las instancias competentes para representar el interés fiscal en este tipo de procesos penales.
El caso involucra a Édgar Marín Meza Moreno e Irving Espinosa Betanzo, quienes están vinculados a la presunta sustracción irregular de 21.5 millones de litros de diésel. Según lo reportado por el periódico La Jornada, este expediente representa el caso de huachicol fiscal más relevante hecho público en el país hasta la fecha, lo que motivó la intervención del máximo tribunal.
La anulación del proceso penal original ocurrió porque no se cumplió con el requisito de procedibilidad establecido por la ley. El tribunal federal de Veracruz determinó que faltó la intervención previa de la Dirección General Jurídica de Aduanas de la ANAM. Además, se identificó una citación incorrecta durante la audiencia inicial, lo que vició el procedimiento legal seguido contra los involucrados.
Con la atracción del caso, la SCJN establecerá un precedente sobre qué autoridad administrativa debe asumir la representación del interés fiscal en las denuncias por contrabando de combustible. Esta definición es crucial para la validez futura de las acciones legales en materia de combustibles robados o desviados ilegalmente.
La empresa mencionada en la investigación, Administración de Impulsora de Productos Sustentables, figura en el contexto del caso, aunque la investigación no especifica su ubicación exacta ni el monto económico total del presunto contrabando. Tampoco se detallan la hora de la decisión de la Corte ni la fecha exacta de la audiencia inicial que fue anulada.
Este movimiento judicial ocurre en un momento donde las autoridades buscan fortalecer los mecanismos legales para combatir la sustracción ilegal de hidrocarburos. La resolución de la Suprema Corte podría modificar los protocolos de actuación entre el SAT y la ANAM para futuras investigaciones de esta naturaleza.
