Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- El Senado de la República se prepara para discutir y votar la reforma constitucional conocida como ‘Plan B’ en materia electoral, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con la expectativa de realizar la votación en el pleno el próximo miércoles 25 de marzo, antes del inicio de la Semana Santa. Aunque la fecha cuenta con el respaldo de la coordinación de Morena, liderada por Ignacio Mier Velazco, aún no existe una confirmación oficial definitiva, generando un escenario de tensión legislativa entre el bloque oficialista y la oposición.
La propuesta ha dividido a las fuerzas políticas. Mientras el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) mantienen su apoyo general a la iniciativa, han expresado reservas internas sobre aspectos específicos, particularmente respecto a la inclusión de la revocación de mandato. Por su parte, legisladores del PRI, como el senador Manuel Añorve Baños, han calificado la reforma de manera crítica, etiquetándola en columnas de opinión y declaraciones públicas como ‘Ley Maduro’ o un intento de ‘golpe de Estado’, alegando que busca debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE) y establecer una campaña permanente del Ejecutivo.
El debate central se concentra en las consecuencias administrativas y financieras de la reforma. Datos de la investigación indican que la modificación implicaría un aumento en el número de integrantes de los cabildos en aproximadamente 1,100 municipios del país, mientras que solo 56 verían reducida su estructura. El diputado Elías Lixa Abimerhi criticó que esta medida generará más gasto público en lugar de ahorro. La situación es particularmente notable en Yucatán, donde se estima que el 74% de los municipios tendría que ampliar su cabildo, creando 221 regidurías adicionales.
En medio de la controversia, voces analíticas como las de López-Dóriga Digital han argumentado que la inclusión de la revocación de mandato en el ‘Plan B’ resulta improcedente bajo la actual constitución, dado que no se ha configurado la ‘pérdida de confianza’ en la presidenta, requisito legal indispensable para activar dicho mecanismo. Esta discrepancia jurídica se suma a las críticas políticas sobre los objetivos reales de la reforma, que el gobierno presenta como un fortalecimiento de la participación ciudadana y la oposición denuncia como un instrumento de control.
La coordinación de Morena en el Senado trabaja para consolidar los votos necesarios para la aprobación, aunque persisten incertidumbres sobre el texto final del dictamen y los detalles de las leyes secundarias que se derivarían de la reforma. Ignacio Mier Velazco ha asegurado que se buscará cerrar este proceso legislativo antes de las vacaciones de primavera, lo que pondría al Senado en una sesión de alta intensidad la próxima semana para definir el futuro del sistema electoral mexicano.
