Por Redacción
Sinaloa, 19 de marzo de 2026.- La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) exigió este miércoles garantías de seguridad para el sector minero en Sinaloa, tras confirmar la desaparición de 10 trabajadores de la empresa Vizsla Silver en el municipio de Concordia. El llamado fue realizado durante la inauguración del III Congreso Internacional Minero, donde se destacó que la violencia pone en riesgo el desarrollo económico y la transición energética del país.
Rubén del Pozo Mendoza, presidente de la AIMMGM, afirmó que la industria no puede operar bajo amenazas. “Quienes trabajamos en esta industria no debemos hacerlo bajo amenaza o violencia. Sin condiciones de seguridad no habrá desarrollo ni bienestar”, declaró ante legisladores, académicos y representantes del sector privado reunidos en el evento.
La desaparición de los empleados de Vizsla Silver, ocurrida en la zona de Concordia, ha generado alarma entre los inversionistas y operadores mineros en la región. Aunque las autoridades locales y federales no han ofrecido aún una respuesta concreta sobre las acciones de búsqueda o las causas del incidente, la presión del gremio busca colocar el tema en la agenda nacional de seguridad pública.
El contexto de inseguridad contrasta con la importancia estratégica que el sector atribuye a la minería para el abastecimiento de minerales críticos como cobre, litio, plata y zinc, esenciales para las tecnologías limpias. La AIMMGM subrayó que la falta de certidumbre jurídica y física podría frenar inversiones necesarias para la modernización industrial y el cumplimiento de metas ambientales.
Ante la ausencia de cifras oficiales sobre el impacto económico directo de estos actos de violencia, los especialistas advierten que la percepción de riesgo en Sinaloa podría disuadir nuevos proyectos de exploración y explotación. El gremio hizo un llamado a las autoridades para establecer mecanismos de protección efectivos que permitan la continuidad operativa sin poner en peligro la vida de los trabajadores.
La nota cierra con la expectativa de que el diálogo entre el sector minero y los poderes legislativos derive en propuestas concretas de ley o políticas públicas que aborden la seguridad como un pilar fundamental para la actividad económica en zonas con presencia de crimen organizado.
