Por Redacción
México, 19 de marzo de 2026.- La gestión del agua en México presenta un panorama contrastante, con mejoras en el abasto para la capital pero con denuncias de corrupción en San Luis Potosí y obras de rehabilitación urgentes en la Comarca Lagunera. La Subsecretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) capitalina anunció interrupciones parciales en algunas zonas para lograr una distribución más equitativa, en un contexto donde el Sistema Cutzamala supera el 80% de almacenamiento. Sin embargo, en otras regiones persisten graves problemas de infraestructura y gobernanza.
En el estado de San Luis Potosí, ejidatarios de San Antonio de los Bravos acusaron públicamente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de corrupción y tráfico de influencias, al otorgar reconocimiento a un comité alterno en su comunidad. Esta denuncia contrasta con la acción anunciada por el gobierno estatal, que instaló un Consejo Técnico Consultivo del Agua para fortalecer la gestión hídrica, buscando dar una respuesta técnica a la crisis.
Por otro lado, en la región de la Comarca Lagunera, que abarca partes de Coahuila y Durango, la situación exige inversiones millonarias. El Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) de Gómez Palacio, Durango, lanzó una licitación pública para la rehabilitación del emisor central y el colector San Ignacio, un proyecto que requiere más de 500 millones de pesos e involucra tuberías de 72 y 60 pulgadas de diámetro, evidenciando la urgencia de modernizar la infraestructura envejecida.
Este mosaico de situaciones se desarrolla en un contexto nacional marcado por la sequía. Durante 2025, aproximadamente el 16% del territorio mexicano experimentó condiciones de sequía moderada a severa, aunque para 2026 se ha reportado una recuperación parcial. La crisis de infraestructura hídrica sigue siendo un desafío central, con múltiples estados requiriendo proyectos de rehabilitación urgentes para garantizar el suministro.
Las contradicciones en el manejo del recurso son palpables. Mientras las autoridades en varios niveles reportan avances en gestión técnica y planeación, como los consejos consultivos y las licitaciones para obras, las denuncias ciudadanas, como las de los ejidatarios potosinos, apuntan a problemas profundos de transparencia y posible corrupción en la asignación de derechos y reconocimientos oficiales. El camino para una gestión hídrica eficiente y justa en México parece aún requerir no solo de inversión en tuberías, sino también de una mayor rendición de cuentas.
