Por Redacción
Estados Unidos, 19 de marzo de 2026.- El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles nuevas y más estrictas restricciones migratorias, al imponer un requisito de fianza de 15,000 dólares a ciudadanos de 50 países que soliciten ciertos tipos de visas de no inmigrante. La medida, que entrará en vigor el próximo 2 de abril, amplía un programa existente que ahora incluye a doce naciones adicionales, entre ellas Nicaragua, Etiopía y Mongolia, como parte de las políticas migratorias restrictivas de la administración del presidente Donald Trump.
Según datos oficiales del Departamento de Estado, el programa, que ya aplicaba a 38 países, ha registrado un 97% de cumplimiento por parte de los viajeros que depositaron la garantía. La justificación para la expansión, según las autoridades, es económica: con un costo promedio de deportación de 18,000 dólares por persona, el gobierno estima un ahorro de aproximadamente 800 millones de dólares anuales al transferir el riesgo financiero a los solicitantes de visa.
Los doce países recién incorporados a la lista son Nicaragua, Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez. Se unen así a otras naciones que ya estaban sujetas al requisito, aunque el Departamento de Estado no ha publicado la lista completa de los 38 países anteriores, solo ha mencionado ejemplos en comunicados previos.
La fianza de 15,000 dólares es reembolsable siempre y cuando el viajero cumpla con los términos de su visa y abandone el territorio estadounidense antes de que expire su estatus legal. El mecanismo exacto para la devolución del dinero no fue detallado en el anuncio oficial. Tampoco se especificaron los criterios concretos utilizados para incluir o excluir países del programa, más allá de referencias generales a tasas históricas de incumplimiento migratorio.
Esta política se enmarca en un conjunto más amplio de medidas implementadas por la actual administración para endurecer el control migratorio y reducir la inmigración legal e irregular. Analistas señalan que la exigencia de una fianza tan alta podría disuadir efectivamente a viajeros de ingresos medios y bajos de los países afectados, impactando el turismo, los negocios y los lazos familiares transnacionales.
La implementación de la medida está prevista para dentro de dos semanas, lo que deja un margen estrecho para que embajadas, consulados y posibles solicitantes se adapten a los nuevos requisitos. Se anticipa que organizaciones de derechos migrantes y algunos gobiernos de los países afectados podrían expresar su preocupación o buscar clarificaciones en los próximos días.
