Por Redacción
México, 19 de marzo de 2026.- El Senado de la República inició el debate sobre la iniciativa de reforma electoral conocida como “Plan B”, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, enfrentando críticas de la oposición por considerarla una herramienta para influir en los comicios de 2027 y reservas incluso entre sus aliados, como el Partido del Trabajo. El proyecto propone recortes presupuestales al Instituto Nacional Electoral, topes salariales para sus consejeros y cambios en la integración de ayuntamientos, además de plantear una nueva consulta de revocación de mandato.
El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, calificó la propuesta como una “farsa” que no ataca problemas de fondo como el financiamiento ilícito en campañas. “Son torpezas vulgares, como eliminar la paridad en los Ayuntamientos”, señaló, advirtiendo que la iniciativa busca dar ventaja a Morena en las próximas elecciones. Desde su bancada, el diputado Rubén Moreira alertó que la participación del Ejecutivo en campañas de revocación representa un retroceso democrático y daña la equidad electoral.
Dentro de la coalición oficialista, el PT mostró fisuras públicas. Su dirigente nacional, Benjamín Robles, anunció respaldo al Plan B pero con la reserva de que la revocación de mandato se realice en 2028 y no en 2027, para evitar riesgos a la imparcialidad y cuestionó que el proceso sea impulsado desde el gobierno. En contraste, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, del mismo partido, aseguró que votará a favor sin condiciones, mientras otro legislador petista, Alejandro González Yáñez, indicó que la bancada sigue evaluando.
Uno de los puntos más controvertidos es el impacto financiero en el INE. La iniciativa plantea un recorte presupuestal progresivo del 15% en cuatro años y un tope salarial de 134 mil pesos mensuales para los consejeros, quienes actualmente perciben alrededor de 262 mil pesos brutos al mes, un monto superior al salario de la presidenta Sheinbaum. El instituto defiende su autonomía presupuestal, en una pugna que se arrastra desde 2018.
El Plan B también modifica la integración de los ayuntamientos, lo que afectaría a 56 municipios con reducción de regidurías y a 1,089 con aumento, según las cifras manejadas en el debate. Los críticos argumentan que estos cambios, lejos de generar ahorros, podrían incrementar los costos operativos locales. La discusión se enmarca en el antecedente de la revocación de mandato de 2022, instrumento que varios actores políticos consideran fue utilizado con fines de promoción gubernamental.
La postura oficial de Morena y del Partido Verde Ecologista de México, así como la reacción explícita de la Presidencia de la República ante las reservas, permanecen sin detallarse públicamente mientras avanza el análisis legislativo. El desenlace de este debate definirá el marco bajo el cual se organizarán los próximos procesos electorales en el país.
