Por Redacción
La República, 18 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una reforma electoral denominada ‘Plan B’ que modifica la revocación de mandato y ajusta la integración de gobiernos municipales, iniciativa que según la oposición busca dar ventaja electoral al partido en el poder. La propuesta constitucional, presentada formalmente este martes, permitiría que el presidente en funciones realice proselitismo durante el proceso de revocación y establece un número de regidores municipales entre 7 y 15, además de limitar el gasto de congresos estatales al 0.7% del presupuesto de la entidad.
La senadora Laura Itzel Castillo Juárez, de Morena, defendió la iniciativa señalando que busca “fortalecer el mecanismo de revocación de mandato” y generar ahorros al coincidir con elecciones federales. Sin embargo, críticos como Elías Lixa argumentan que en municipios como Mérida, Yucatán, se reducirían 2 regidores pero aumentarían en 221 en el interior del estado, contradiciendo el discurso oficial de austeridad.
La Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, corrigió una omisión en el texto original que había generado polémica: la falta de la palabra ‘paritario’ respecto a la integración de cabildos, lo que fue interpretado como intención de eliminar la paridad de género. La Presidencia aclaró que se trató de un error sin intención de prescindir de esta disposición constitucional.
La revocación de mandato, incorporada a la Constitución en 2019, se ejerció por primera vez en 2022 con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, donde participaron 16.5 millones de personas (17.7% del padrón) y 15.159 millones (91.8%) votaron por su permanencia. La nueva propuesta busca que futuras consultas coincidan con elecciones federales para reducir costos.
La oposición y analistas políticos consideran que el verdadero propósito de la reforma es beneficiar electoralmente a Morena y a la presidenta Sheinbaum, quien obtuvo 35.9 millones de votos (59.75%) en las elecciones de 2024. La iniciativa cuenta con el apoyo prometido del Partido Verde y el PT, aunque se desconoce si la coalición gobernante tiene los votos necesarios para su aprobación constitucional.
Este ‘Plan B’ surge después del rechazo legislativo a una reforma electoral más profunda conocida como ‘Plan A’. El debate se centra ahora en si los cambios propuestos representan un genuino fortalecimiento democrático o una herramienta de ventaja política para el partido en el poder, en un contexto donde la oposición alerta sobre posibles afectaciones al equilibrio de poderes.
