Por Redacción
México, 18 de marzo de 2026.- El gobierno de Claudia Sheinbaum presentó este martes ante el Senado su Plan B de reforma electoral, una iniciativa que busca reducir el número de regidores por municipio, establecer topes salariales para funcionarios electorales y modificar las reglas para la revocación de mandato, permitiendo a la presidenta hacer campaña con recursos públicos. La propuesta, que debe ser aprobada antes de septiembre por una restricción constitucional, llega tras el rechazo del Plan A en la Cámara de Diputados y ha generado críticas de la oposición por eliminar el principio de paridad de género en las regidurías.
Entre los cambios más destacados de la iniciativa se encuentra la reducción del número de regidores por municipio, que pasaría de un rango de 7 a 15, y la imposición de un tope presupuestal para los congresos locales equivalente al 0.7% del presupuesto estatal. Además, modifica el proceso de revocación de mandato, adelantando el plazo para su realización al tercer año de gobierno y autorizando explícitamente a la titular del Ejecutivo federal a realizar campaña proselitista, una medida que ha sido señalada como contradictoria con el discurso de austeridad que promueve la propia reforma.
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, defendió la propuesta como una medida necesaria de “racionalización del gasto” y anunció que se trabaja en una reforma judicial complementaria. Por su parte, el líder del PVEM, Manuel Velasco, anunció el apoyo unánime de su bancada, aunque se registró la contradicción de que el senador Luis Armando Melgar no ratificó su voto y solicitó una revisión previa del texto.
Desde la oposición, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, criticó duramente la iniciativa, calificándola de “regresiva” y “clientelar”, y enfatizó que la eliminación de la paridad de género en las regidurías representa un retroceso para los derechos de las mujeres. La reforma también incluye ajustes en el funcionamiento del Fideicomiso para el Fortalecimiento de los Institutos Electorales de las Entidades Federativas (FISEL), del cual se reportaron 741 carpetas de investigación iniciadas en 2025.
El contexto político indica una carrera contra el tiempo, ya que la enmienda constitucional debe ser ratificada por la mayoría de los congresos locales antes de que concluya el período ordinario de sesiones en septiembre de 2026. La posición oficial del Partido del Trabajo (PT), aliado de la coalición gobernante, así como el impacto presupuestal exacto de las medidas, permanecen como información pendiente por precisar en el debate legislativo que se avecina.
