Por Redacción
La Nación (Scjn), 17 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza un proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama para definir si las indemnizaciones civiles por muerte deben calcularse con base en el salario mínimo o en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), un debate que genera una diferencia de hasta tres veces el monto final a pagar a los deudos. La discusión, programada para el pleno, busca resolver una contradicción de criterios entre lo que resolvieron la Primera Sala, en marzo de 2024, y la Segunda Sala, en julio del mismo año, sobre el parámetro legal para cuantificar el llamado lucro cesante.
El caso llega a la Corte por una denuncia de contradicción de tesis presentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito. Mientras la Primera Sala determinó que, para compensar la pérdida de ingresos futuros de una persona fallecida, era procedente utilizar como referencia el salario mínimo, la Segunda Sala consideró constitucional el uso de la UMA, un valor que actualmente es significativamente menor.
La discrepancia tiene un impacto económico directo y sustancial. Para 2026, el salario mínimo general diario es de $315.04 pesos, mientras que el valor de la UMA diaria es de apenas $117.31 pesos. Utilizar uno u otro parámetro para calcular una indemnización que puede extenderse por años o incluso décadas, multiplica o reduce drásticamente la compensación final que reciben las familias.
Este es la tercera ocasión en que el proyecto de sentencia de la ministra Batres Guadarrama se programa para discusión en el pleno de la SCJN, lo que refleja la complejidad y sensibilidad del tema. La resolución busca establecer un criterio unificado y obligatorio para todos los tribunales del país, poniendo fin a la incertidumbre jurídica y a las desigualdades en las compensaciones que dependían de qué sala o tribunal conocía del caso.
El debate se enmarca en la obligación de la Corte de garantizar un acceso igualitario a la justicia. Unificar el criterio no solo brindará certidumbre a las víctimas y deudos, sino también a los jueces de instancia, quienes actualmente deben elegir entre seguir uno u otro precedente, lo que puede derivar en tratos desiguales para casos similares. La decisión final del pleno marcará un precedente crucial en materia de responsabilidad civil y derechos de las víctimas en México.
