Por Redacción
Ciudad de Mexico, 17 de marzo de 2026.- Chile inició la construcción de una zanja fronteriza de 30 kilómetros de extensión en el complejo fronterizo Chacalluta, en su límite con Perú, como parte del ‘Plan Escudo Fronterizo’ promovido por el presidente José Antonio Kast. La obra, que tendrá 3 metros de ancho y 3 metros de profundidad, se estima será completada en 90 días y forma parte de una estrategia de seguridad que incluye muros, vallas, cercos electrificados, torres de vigilancia y radares térmicos. Kast declaró que el objetivo es “construir un Chile soberano que ha sido vulnerado por la inmigración ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado”.
El mandatario chileno ha expresado públicamente su admiración por políticas migratorias implementadas por el ex presidente estadounidense Donald Trump y medidas de seguridad del salvadoreño Nayib Bukele. La zanja fronteriza representa la materialización de una de sus principales promesas de campaña en materia de seguridad nacional y control migratorio.
El proyecto se enmarca en un contexto regional donde varios países han reforzado sus fronteras ante el aumento de flujos migratorios irregulares y actividades delictivas transfronterizas. Sin embargo, se desconocen detalles sobre el presupuesto asignado a la obra, el estudio de impacto ambiental realizado y las características específicas de las barreras tecnológicas complementarias.
Hasta el momento, no se ha emitido una respuesta oficial por parte del gobierno peruano respecto a la construcción de la zanja en la frontera compartida. La relación bilateral entre Chile y Perú ha tenido históricamente momentos de tensión por disputas limítrofes, aunque en años recientes se había mantenido dentro de canales diplomáticos establecidos.
Analistas señalan que esta medida podría generar fricciones en la relación binacional y debates sobre su efectividad real para combatir el crimen organizado, así como preocupaciones sobre posibles impactos ambientales y sociales en la zona fronteriza. El desarrollo de esta obra será monitoreado por organizaciones de derechos humanos y expertos en relaciones internacionales de la región.
