Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- Dos expolicías municipales de Tijuana, identificados como Juan ‘N’ y Abel ‘N’, fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de tortura y homicidio calificado contra Carlos Dámaso López, quien falleció en mayo de 2022 tras una detención violenta ocurrida en Playas de Tijuana. Los hechos, que datan de abril de ese año, se suman a la exigencia ciudadana en la colonia Santa Fe por la construcción de un hospital, luego de que una menor perdiera la vida por la falta de servicios médicos locales.
Según la investigación, los ahora imputados habrían sometido a López a actos de tortura durante su detención en un establecimiento con servicio de internet y máquinas tragamonedas, ubicado sobre el bulevar Pacífico y calle del Granizo. La víctima perdió la vida semanas después, el 18 de mayo de 2022, como consecuencia de las lesiones sufridas.
En un caso paralelo que evidencia la violencia policial en la región, otro expolicía, Billy ‘N’, fue sentenciado previamente a 25 años y 3 meses de prisión por el homicidio de una mujer de 68 años, aunque se desconoce el destino final de su cómplice en ese hecho.
Mientras la justicia avanza lentamente, la comunidad de Santa Fe se organiza. Habitantes como Guadalupe y Silvia González recolectan firmas para exigir la construcción de un hospital, argumentando que la falta de atención médica oportuna provocó la muerte de una menor en la zona. “Necesitamos que nos escuchen, no queremos más muertes evitables”, declaró una de las vecinas.
La diputada federal Evangelina Moreno se sumó a la petición ciudadana, aunque su gestión se centró en solicitar 300 mil pesos para gastos de representación en comisiones legislativas, un dato que ha generado cuestionamientos sobre el destino real de los recursos para atender la emergencia sanitaria.
El caso de los expolicías vinculados se enmarca en un patrón de abuso de autoridad y violencia institucional en Baja California, mientras la demanda de Santa Fe refleja la crisis de acceso a la salud que padecen las comunidades marginadas de Tijuana, dejando en evidencia las deudas pendientes del Estado con los ciudadanos.
