Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Organizaciones de la sociedad civil solicitaron formalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que vigile el desplazamiento forzado interno en México, fenómeno que ha afectado a más de 390 mil personas entre 2016 y 2024, según documentación de grupos defensores de derechos humanos. La petición se enmarca en un contexto de violencia criminal trasnacional y deficiencias en investigaciones de crímenes contra activistas, donde el Estado mexicano ha reconocido parcialmente su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales.
Las cifras oficiales indican que durante 2024 se registraron 28 mil 900 nuevos casos de desplazamiento forzado, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 15 mil 795 personas, principalmente en estados como Morelos y Guerrero donde operan grupos del crimen organizado. Este fenómeno se ha documentado en contextos de disputas territoriales y presencia de células criminales que ejercen control sobre poblaciones.
Paralelamente, persisten casos emblemáticos de impunidad como el asesinato del activista Samir Flores Soberanes, donde la Fiscalía federal presentó pruebas insuficientes contra el presunto responsable identificado como Javier ‘N’, lo que resultó en su absolución. Durante la investigación, dos testigos clave fueron asesinados y agentes ministeriales incurrieron en contradicciones que debilitaron el caso, según reportes de medios nacionales.
En otro caso significativo, el Estado mexicano reconoció parcialmente su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de Bonfilio Rubio Villegas, aunque la familia exige un reconocimiento expreso de la responsabilidad de las fuerzas armadas en el hecho. Este patrón de reconocimientos limitados y procesos judiciales con deficiencias caracteriza el actual panorama de seguridad y justicia en el país.
Expertos señalan que el crimen organizado trasnacional en México incluye múltiples actividades ilícitas más allá del narcotráfico, con participación de entidades legales y estatales que complican el panorama de seguridad. La solicitud a la CIDH busca establecer mecanismos internacionales de supervisión ante la incapacidad de las instituciones nacionales para proteger adecuadamente a la población civil en zonas de alta conflictividad.
El desplazamiento forzado se ha convertido en una crisis humanitaria silenciosa que afecta principalmente a comunidades indígenas y rurales, donde los habitantes se ven obligados a abandonar sus hogares y tierras ante la amenaza de grupos armados. Organizaciones documentan que muchas de estas personas terminan en cinturones de miseria urbanos sin acceso a servicios básicos ni protección gubernamental.
La respuesta del gobierno federal ha incluido la creación de protocolos de atención, pero organizaciones civiles señalan que falta un reconocimiento pleno de la magnitud del problema y la asignación de recursos suficientes para la protección y reubicación digna de las víctimas. La intervención de la CIDH podría presionar para adoptar estándares internacionales en la materia.
