Por Redacción
Secretaría De Gobernación (Ciudad De México, Según Múltiples Fuentes), 15 de marzo de 2026.- Tras intensas negociaciones lideradas por la Secretaría de Gobernación, la coalición oficialista conformada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunció un acuerdo para respaldar el llamado Plan B de Reforma Electoral propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El pacto, que busca implementar medidas de austeridad republicana y reducir costos en el sistema político, fue confirmado mediante un comunicado conjunto de senadores de los tres partidos, aunque al interior de Morena surgieron versiones contradictorias sobre si el acuerdo ya estaba cerrado o aún pendiente.
El senador y coordinador de Morena en la Cámara Alta, Ignacio Mier Velazco, declaró en la madrugada del 14 de marzo, al salir de la sede de Gobernación, que ya existía “un acuerdo muy perfilado” y que “ya está concluido”, señalando que solo faltaba que la dependencia federal lo hiciera público. Sin embargo, horas más tarde, el diputado y coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, matizó esa versión al afirmar que “todavía no hay acuerdo con PT y PVEM para Plan B”, aunque reconoció una “buena actitud” y una “intención política correcta” por parte de los aliados.
El respaldo formal llegó a través de un comunicado conjunto firmado por senadores de Morena, PT y PVEM, quienes manifestaron su apoyo a la propuesta de la presidenta Sheinbaum. En un desplegado publicado el mismo día, los grupos parlamentarios de Morena en los 32 congresos estatales también expresaron su acompañamiento al Plan B, argumentando que busca “terminar con privilegios y reducir los altos costos de la política mexicana”, con un ahorro estimado en cuatro mil millones de pesos.
Por separado, el PVEM emitió un comunicado en el que destacó coincidencias con puntos específicos del Plan B, como destinar los ahorros a programas sociales, terminar con privilegios en el uso de dinero público, disminuir presupuestos en congresos locales, establecer topes máximos en sueldos de legislativos estatales y reducir el número de regidores en cabildos municipales. La presidenta Sheinbaum, por su parte, mencionó que la Secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, estaba “armando y terminando la propuesta” para enviarla al Congreso la próxima semana.
Este Plan B surge después de que la primera iniciativa de reforma electoral de la administración sheinbaumista fuera rechazada, en parte, por la falta de apoyo unánime del PT y el PVEM en la Cámara de Diputados. A diferencia de la propuesta inicial, que incluía cambios profundos al Instituto Nacional Electoral (INE), el nuevo proyecto se centra en la “austeridad republicana” y en ajustes al gasto en legislaturas locales y gobiernos municipales, un enfoque que parece haber facilitado el acercamiento con los partidos aliados.
El proceso ahora se traslada al Congreso de la Unión, donde deberá discutirse y votarse la iniciativa una vez que sea formalmente presentada por el Ejecutivo federal. La capacidad de la coalición oficialista para mantener la unidad será clave para la aprobación de una reforma que la oposición ya ha señalado como insuficiente y que, según los críticos, elude una discusión más profunda sobre la arquitectura institucional electoral del país.
