Por Monserrat Californias
Bajo la euforia de los festivales y conciertos masivos en México, el escenario esconde una rutina agresiva para quienes los hacen posibles. Vendedores, acomodadores y guardias trabajan ocultos entre las luces, cumpliendo jornadas que rozan el maratón laboral, invisibles al público.
La fiesta que vibra en los altavoces se levanta sobre pies cansados y derechos recortados que rara vez se acompañan de un contrato formal. Los turnos reportados van de 8 a 15 horas continuas sin pausa, con supervisores que prohíben sentarse o ir al baño sin permiso.
Muchos trabajadores relatan “10 horas totalmente parado” y la inexistencia de tiempo de comida en maratones de más de 15 horas. El espectáculo termina de madrugada, pero aún faltan largas caminatas o dormir en el piso de un palco improvisado antes de volver a casa.
Por esa jornada reciben cerca de 300 pesos, menos que el taxi nocturno que necesitarían para regresar sanos y salvos. Además, el “Seguro Social por evento” sólo cubre la duración del show, dejando a la plantilla sin prestaciones reales ni continuidad laboral. El pago a destajo y la subcontratación los sitúan fuera de la nómina y de cualquier ahorro, pensión o prima vacacional.
Ocesa y otras promotoras subcontratan cuadrillas mediante agencias que enganchan a jóvenes con la promesa de ver gratis a sus ídolos. Esa ilusión pronto se desmorona cuando el sudor reemplaza la música y los mensajes de “RH Operaciones” llegan sólo por WhatsApp anónimo. Sin documento en mano, la alta al IMSS se demora o nunca llega, mientras la taquilla rompe récords de asistencia y ganancias.
Un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas calcula que 7.9 millones de personas dependen de estos trabajos eventuales. YouthBuild advierte que la mitad supera las 48 horas semanales y 7.6 millones carecen de seguridad social y de ingresos dignos. La aparente “flexibilidad” es precaria; tras bambalinas se normaliza la desproporción entre esfuerzo físico y recompensa económica.
En 2024 México reformó su Ley contra la Trata para tipificar las jornadas que exceden lo legal como delito de explotación laboral. Las multas pueden llegar a 70 000 días de salario y penas de cárcel, pero la mayoría de los montadores y vendedores sigue a merced de contratos verbales que esquivan inspecciones y diluyen responsabilidades.
La ley existe; el reto es que alcance la tarima donde empieza el show.
